Sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos

Delante de Dios, los padres tenemos la responsabilidad de educar, instruir, guiar y formar a los hijos que Él nos ha dado. A lo largo de las Escrituras podemos confirmar este mandato divino. Pero delante del Estado, educar, instruir, guiar y formar a nuestros hijos es un derecho que nuestra legislación nacional debe proteger. México se adhirió en 1948 a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH) que establece en el artículo 26, párrafo 3: «Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos» (negritas mías). Esto significa que el papel del Estado en la educación es subsidiario, es decir que sustituye o apoya a la parte principal –los padres– solo en caso de que sea necesario.

En México, la educación en casa ha crecido en medio de un vacío legal. Actualmente no existe ninguna ley que prohíba expresamente educar en el hogar. En la Consitución Mexicana, el artículo 31, fracc. I, menciona la «obligación» de los mexicanos a hacer que sus hijos concurran a las escuelas. Sin embargo, se trata de una ley imperfecta al no existir una sanción o un procedimiento legal para obligar materialmente la escolarización de los hijos. Adicionalmente, si atendemos al espíritu de la ley, el artículo 31, fracc. I, no tiene como objetivo prohibir la educación en casa (concepto totalmente desconocido cuando se introdujo ese artículo), sino que busca garantizar la educación de los niños en una época en la que el único contexto educativo era la escuela. Pero hoy, en la era de la información, podemos decir que ese artículo es prácticamente obsoleto. La escuela no es el único lugar o entidad donde puede desarrollarse un proceso educativo.

Sin embargo, que la educación en casa no esté prohibida en México en este momento no significa que no se pretenda prohibir en el futuro, como ha sucedido en otros países. Por eso los padres necesitamos estar alertas ante cualquier movimiento que vaya en contra del derecho a elegir la educación que consideramos más conveniente para nuestros hijos. Si bien nuestro país no puede contravenir los tratados, convenciones, declaraciones, protocolos internacionales a los que se ha adherido, es necesario que la Constitución o las leyes nacionales se alineen a lo firmado en la DUDDHH y protejan clara y explícitamente ese derecho para dar seguridad jurídica a los padres que educamos en el hogar.

El Estado mexicano no tiene ya la capacidad material de brindar educación a la mayoría de su población como ha querido históricamente. El nivel académico es cada vez peor en relación a los estándares internacionales. México está en el último lugar en educación dentro de los países de la OCDE. Las escuelas particulares tampoco parecen ofrecer una solución a la crisis educativa nacional. La educación en casa, por el contrario, ha demostrado en otros países ser muy eficiente en la preparación académica de niños y jóvenes a tal grado que universidades de renombre en EE.UU. buscan tener una cuota de «homeschoolers». El mundo está cambiando rápidamente y nuestro país se está quedando muy atrás. El Estado debería apoyar a los padres que educan en el hogar por el bien de México, comenzando por dejarlos educar a sus hijos con libertad. La consolidación del derecho preferente de los padres para elegir el tipo de educación de sus hijos es sin duda el primer paso para mejorar y modernizar la educación en México.